La iniciativa busca salvar un vacío legal en defensa de los pueblos originarios, y se funda en el reciente antecedente del gobierno de Jujuy, que
no les respetó ese derecho cuando planteó y logró sancionar la reforma de la Constitución provincial en Jujuy en junio pasado.
"Apelando al engaño y la mentira, el gobernador Gerardo Morales concretó una parodia de consulta a un muy reducido número de comunidades originarias y con ese supuesto consentimiento avanzó con una reforma constitucional que arrasa con los derechos de nuestra gente a preservar su acceso al agua y a las tierras que les permiten su supervivencia", explicó la legisladora.
Dicho convenio, que entró en vigencia en 1991 y al que la Argentina adhirió rápidamente en 1992 por la ley 24.071 pasando a regir en nuestro país desde Julio de 2001, le reconoce a los pueblos indígenas derechos colectivos de carácter político, territorial, económico, social y cultural.
“Uno de los más importantes es el derecho a ser consultados frente a medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarlos directamente y a participar en la misma forma en que lo hacen otros sectores de la población”, explicó la diputada nacional.
Para Moisés, quien lo advirtió enérgicamente desde el inicio del proceso de reforma antes de que se activara la Convención Constituyente en la Legislatura jujeña, “el gobernador Morales salteó este paso clave para la convivencia en la provincia y de esa acción vimos las terribles consecuencias días después que llenaron de protestas válidas y violencia institucional las calles jujeñas".
El proyecto ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación bajo el número de expediente 3326-D-2023, que recoge las inquietudes expuestas por comuneros jujeños del Tercer Malón de la Paz en un trabajo de equipo con la legisladora nacional, ya recibió el acompañamiento de los diputados Carlos Cantero, Leila Chaher, Eduardo Valdés, Juan Marino, Claudia Ormaechea, Lucas Godoy, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Lisandro Bormioli y Mabel Caparrós, entre otros cofirmantes.
Con el otorgamiento de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, el proyecto apunta a poner a los derechos y garantías contenidas en el Convenio 169 en un pie de igualdad con los otros derechos ya contemplados en la parte programática de nuestra Carta Magna, y por encima de cualquier norma de rango inferior, incluso las restantes de carácter convencional.
Lograda su sanción los órganos jurisdiccionales y administrativos tendrán la obligación de respetarlos, interpretarlos y aplicarlos, de modo armónico y en igualdad de rango con el resto de los derechos constitucionales, y por encima de cualquier norma legal de rango inferior, ya sea de índole nacional o provincial.
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